Opinión
El artículo 14
El Golem
Hay determinadas noticias que logran reverberar un pequeño grupo de neuronas de mi cerebro que los telediarios aún no han conseguido insensibilizar. Son las relativas a los recién nacidos, criaturas indefensas y metáforas del futuro. El otro día leía con estupor la aparición del cadáver de uno en la bolsa de la basura de una casa habitada por emigrantes rumanos y me preguntaba: ¿Qué se puede hacer para evitar algo tan terrible? ¿Qué puede empujar a una madre a asesinar -sí, la palabra es muy fuerte, pero creo que exacta- a un recién nacido? En seguida me vinieron varios posibles motivos: enajenación, alienación, ocultación de un adulterio o una violación, evitarse complicaciones presentes y futuras... pobreza. De todas ellas, las dos últimas, me parecen las menos justificables, pero las más habituales; siempre unidas a una cultura agnóstica para la cual un hecho de esta magnitud es meramente reprobable y con un único y pequeño riesgo legal.
¿Cómo es posible que esto ocurra cuando las listas de espera para adoptar son tan grandes? Desgraciadamente, porque el hecho en sí de la adopción, tiene tantos requisitos legales que lo hace complicado y sempiterno. ¿Por qué pasar ante extraños por la vergüenza de explicar el motivo que nos impele a abandonar a una criatura? ¿Por qué complicarse la vida si no teníamos dinero para realizar un aborto en las primeras semanas de gestación? Dejemos ahogarse en su propio cordón umbilical a la criatura o ahorquémosle con él y... ¡a otra cosa, mariposa! Creo honestamente que si a esa mujer -no puedo llamarla madre-, o a su marido o pareja, un matrimonio le hubiera pagado una buena cantidad de dinero, se habría evitado el crimen. Se me dirá: eso no es legal; eso haría que los ricos adoptaran cuando quisieran, que utilizaran vientres de alquiler y sus femeninas figuras se ahorraran las deformaciones del embarazo, tan difíciles de recomponer. Así lo creo yo también, en efecto. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora?
El artículo 14 de la Constitución Española reza: "Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social." ¡Qué bonito! Lamentablemente, en las impresiones de dicha Ley no es legible lo que en tinta invisible nuestros legisladores imprimieron: "... salvo que se tenga suficiente dinero."
Estamos cansados de ver cómo nuestras folclóricas compran bebés en Sudamérica, cómo lo hace Jolie en Indochina, cómo si se tiene suficiente cuenta bancaria se puede alquilar un vientre aquí y en el extranjero, cómo "los Albertos", tras haber sido condenados a más de tres años de cárcel, no han pasado -ni pasarán- un solo día en prisión. Muchos conocemos casos de personas cuya vida ha sido arruinada por una falsa querella presentada por alguien con suficiente dinero para mantenerla indefinidamente en los juzgados. El querellado, si es un pequeño burgués, como la mayoría, no tendrá medios para defenderse en igualdad de condiciones-la justicia es cara, amigos y socialmente injusta- y se encontrará con que no podrá siquiera pedir un préstamo al banco. La antigua maldición gitana "tengas pleitos y los ganes" está cruelmente vigente. ¿Qué es la prostitución más que un alquiler de cuerpos por tiempo más breve?
Entonces, ¿a qué tanta hipocresía? Permitamos esa transacción. Creo que cualquier persona que haya pagado -incluso por las vías legales, mucho más lentas y menos caras- por adoptar un niño en el extranjero estará encantado de adoptar un bebé español. Estoy convencida de que muchos de los 91.664 abortos legales que se realizaron durante 2005 en España, se habría evitado si se hubiera creado un canal legal para que las incubadoras -con excepciones matizadas, me sigo negando a llamarlas madres- pudieran cobrar un dinero por dar los neonatos en adopción. No nos amparemos en la Ley. La Ley, vieja hipócrita que defiende las prerrogativas de los poderosos, siempre va por detrás de la sociedad. Ya estamos demasiado hastiadas de ver como la Ley va variando según el color político del parlamento y por deleznables motivos electorales. Nuestros parlamentarios deberían ser valientes y desarrollar un marco jurídico que permita ese tipo de adopciones contractuales con un poco de garantía jurídica y no mirar hacia otro lado frente a la realidad de que sólo los más ricos se lo pueden permitir, igual que en los sesenta y en los setenta ocurría con los abortos en Londres y París.