Dicen los que lo han visto de cerca que el chapapote (galipó, fuel barato, petróleo sin refinar, en fin, lo que llevaba el barco Prestige que naufragó en el mar Atlántico cerca de las costas de Galicia), dicen que es inaprensible, indestructible, omnipresente, casi, casi hasta inevitable. Más o menos como el mundo que nos ha tocado vivir, del que lo del Prestige es una consecuencia más, no un accidente, ni una catástrofe, ni siquiera una tragedia.
Consecuencia del capitalismo en su fase última, escena de película de ciencia ficción, donde impera la ley de la jungla y el estado sólo ejerce sus funciones policiacas, la costa de Galicia ha vivido durante unas semanas una situación poco frecuente en la España de la Unión Europea. Si entendemos que lo que existe sólo es aquello que sale en los medios.
El presidente del gobierno de Galicia (ex ministro de Franco y responsable reconocido por él mismo-, como ministro de la Gobernación en la primera democracia española, del asesinato de cinco obreros a la salida de una asamblea celebrada en una iglesia de Vitoria) estaba de cacería mientras naufragaba el barco y el fuel llegaba a la costa. El presidente del gobierno de España tardó mes y medio en aparecer por las zonas afectadas en una visita que duró tres horas, tres. Y el rey de España llegó y animó a todos a arrimar el hombro, todos los hombros menos el suyo, claro.
Mientras tanto, la gente (gallegos y, también, miles de voluntarios de otros lugares) se fue organizando para intentar resolver este asunto tan turbio. Una vez más, quedó al descubierto la parálisis de la burocracia frente a la agilidad de quienes querían limpiar las costas, sin entrar en consideraciones previas o posteriores. Es decir, la acción por la acción, algo que tampoco entienden algunos adalides del pensamiento crítico anticapitalista que miran de reojo desde su poltrona alternativa lo que pasa en la calle.
Y lo que pasaba en la calle era, ni más ni menos, que el Estado se descubría en Galicia como lo único que es: servicio de mantenimiento de eso que llaman el orden público, servicio de sostén de su propia burocracia, servicio de mamporrería de las grandes multinacionales para que el asunto se diluya, aunque sea algo tan indisoluble como el chapapote.
Ahí que situar la solución del gobierno de Aznar a esta terrible consecuencia del proceder del capital trasnacional: endurecer el tratamiento penal y policial de la delincuencia que opera en España, sea ETA, las mafias de inmigrantes o los aficionados al parchís, que cualquier día les toca. Por cierto, ¿alguien sabe de alguna denuncia del gobierno español a alguna multinacional o empresa familiar del petróleo, naviera, etc. a cuenta de lo del Prestige?.
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