El alzamiento popular del 20-D de 2001 marca un antes y un después en la Argentina, sumida en la crisis política, económica y social más profunda de su historia. Cinco presidentes en quince días, dos gobiernos derribados por la acción directa de masas, un creciente sentimiento antiimperialista, sumado al progresivo cuestionamiento del carácter ilegítimo de la deuda externa, son algunos de los elementos que definen la nueva situación.

“Que se vayan todos” ha sido la consigna más coreada por los Piqueteros, un poderoso movimiento de trabajadores en el paro, seguida por el retumbar de los cacerolazos de las enfurecidas clases medias estafadas por el “corralito”(retención de los depósitos bancarios) y pauperizadas por la crisis. Las acciones de los Piqueteros, con sus cortes de rutas equivalente en sus efectos a las huelgas tradicionales en las fábricas, fueron el motor de una rebelión popular que desafió el Estado de Sitio y enfrentó una represión policial que dejó un saldo de casi treinta muertos en todo el país.

Por otra parte, debe subrayarse que la sublevación popular no fue dirigida ni por los sindicatos oficiales, ni por la izquierda, ni por la derecha peronista, a pesar de los diversos intentos posteriores de apadrinar la protesta. El “Que se vayan todos!”, ha generado una alianza de hecho entre piqueteros y clases medias que ha producido, por ahora, nuevas formas de democracia directa como las asambleas barriales. Mientras tanto, los partidos políticos tradicionales, el radicalismo y el peronismo, después de casi 20 años de democracia parlamentaria atravesadas por la corrupción y la impunidad, han entrado en una crisis de legitimidad, de tal magnitud, que pone en cuestión al propio sistema de representación política.

La Argentina, probablemente, por primera vez desde el golpe genocida de1976, se encuentra ante nuevas ilusiones y viejos fantasmas: por un lado, darle a la democracia un nuevo contenido popular; y por otro, enfrentar una nueva intentona golpista, con o sin militares. Los temores de una quiebra institucional no son infundados , ya que tanto el Banco Mundial como el FMI, le han bajado el pulgar a la Argentina. Ambos organismos han dado una señal inequívoca, a todos los países deudores del mundo, sobre la necesidad inexcusable de realizar las reformas macroeconómicas “acordadas” ( léase por la corriente dominante.) y la obligación ineludible de pagar la deuda externa, aún bajo las peores circunstancias.

En este marco no se puede descartar la hipótesis de que el FMI, que quiere un “régimen fuerte”, le exija al presidente Duhalde que disuelva el Parlamento, y que forme un gobierno de “unión nacional” que funcione por decreto a través del Estado de Sitio, y que aplaste la rebelión popular, manteniendo, de cara a la galería, el compromiso de convocar elecciones en el 2003. Tampoco deben desecharse algunas denuncias realizadas por sectores políticos de izquierdas en torno a la posibilidad de que algunos de los grupos económicos más concentrados “preparen”, mediante una hiperinflación como la que tumbó a Alfonsín en 1989, “las condiciones necesarias” de un Golpe o un autogolpe.

Seguramente, uno de los grandes desafíos del incipiente movimiento popular será convertir el “Que se vayan todos!” en una alternativa política de futuro. En la Argentina, sin duda, lo que ha entrado en crisis terminal es el modelo neoliberal, bendecido por el FMI e impuesto por la dictadura militar, a sangre y fuego, en 1976. Hace 26 años, el escritor y militante popular desaparecido Rodolfo Walsh publicaba en el primer aniversario del Golpe la famosa Carta Abierta a la Junta Militar (www.literatura.org/Walsh/rw240377 ), en la que denunciaba no sólo las atrocidades cometidas, sino los objetivos económicos de la dictadura, junto con los nombres del nuevo bloque beneficiario: la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía financiera y un reducido grupo de multinacionales. Tal vez, como muchos afirman en la Argentina, el final de la dictadura, en la conciencia y el corazón de la gente, sucedió en realidad el 20 de diciembre.